Es una enfermedad social, internacional, presente en todos los sectores y clases sociales; producida por factores multicausales, interactuantes y de diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo armónico, integro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su socialbilización y por lo tanto, su conformación personal y posteriormente social y profesional.
Por lo tanto; es un problema de interés comunitario, por lo que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de organizarse y hacer frente a este problema. No obstante, la responsabilidad primaria de responder al maltrato infantil radica en los organismos oficiales a nivel local de cada comunidad y en forma complementaria en otro tipo de respuestas que cada comunidad, a través de agrupaciones no gubernamentales hayan sabido organizar para hacer frente a este problema.
En la cotidiana realidad y en la mayoría de los casos, las víctimas no encuentran una respuesta adecuada en las instituciones oficiales que paradójicamente deberían brindar contención y ayuda para cortar con el ciclo de la violencia.
En la cotidiana realidad y en la mayoría de los casos, las víctimas no encuentran una respuesta adecuada en las instituciones oficiales que paradójicamente deberían brindar contención y ayuda para cortar con el ciclo de la violencia.
Todos aquellos que de un modo u otro tienen o han tenido participación en esta problemática saben de la existencia de una enorme desproporción entre las necesidades para un eficaz abordaje a esta problemática y los limitados recursos que el Estado (municipio, provincia o nación) destina a tal fin. También suele angustiar la asimetría entre la urgencia de acciones que demanda un caso y el tiempo que el Estado suele tomarse para "encontrar" la respuesta. Es habitual entonces que, ante la falta de una solución acorde a la urgencia o necesidad planteada, la ayuda llegue de parte de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de profesionales independientes y aún dependientes de organismos oficiales pero que intervienen en forma particular, o peor aún, que esta ayuda no llegue nunca.
Para hacer frente a un problema tan complejo como el maltrato infantil se requiere de un compromiso presupuestario nacional, provincial y municipal acorde con la magnitud y gravedad del tema que aquí tratamos.
Un niño es maltratado o sufre abusos cuando su salud física y su seguridad o su bienestar psicológico se hallan en peligro por las acciones infligidas por sus padres o por las personas que tienen encomendado su cuidado. Puede producirse maltrato tanto por acción como por omisión y por negligencia. Se considera que hay cuatro tipos de maltrato. Maltrato físico es cualquier lesión causada al niño como consecuencia de golpes, tirones de pelo, patadas, pinchazos propinados de manera intencional por parte de un adulto. También están los daños causados por castigos inapropiados o desmesurados. Es difícil distinguir cuándo termina la imposición de la disciplina mediante castigos físicos "razonables" y cuándo comienza el abuso. Quien utiliza el castigo físico argumenta que lo hace como último recurso, cuando otras alternativas correctoras menos expeditivas (y que entrañan mayor esfuerzo por parte de los padres), como las explicaciones y otros castigos o amenazas menores han demostrado su ineficacia. No tiene intención de lesionar, sólo pretende corregir una conducta inadecuada. Pero, con la excepción del "pequeño azote a tiempo"(considerado por muchos padres como necesario, aunque pervive el debate social al respecto), que es disculpable sólo cuando el niño se muestra refractario a cualquier otra forma de corrección, el castigo físico es un atentado contra la dignidad y la autoestima del niño, y puede causarle graves daños emocionales.
